El sistema fiscal japonés

Entre los países más eficientes desde el punto de vista fiscal se encuentra sin duda Japón. Baste decir que aquí no existe un equivalente de nuestra agencia Tributaria, sencillamente porque existe un sistema de confianza mutua entre el sistema tributario y los contribuyentes que nunca ha hecho necesaria la creación de un organismo dedicado al cobro de deudas tributarias. Veamos qué es y cómo funciona el fisco japonés.

El sistema fiscal japonés prevé un año fiscal que coincide con el año civil, que termina el 31 de diciembre de cada año.

El sistema fiscal japonés se basa en dos artículos fundamentales de la Constitución: el artículo 30, que sanciona la obligación de los ciudadanos de pagar los impuestos establecidos por ley, y el artículo 92, que sanciona la potestad del Estado de promulgar leyes fiscales para financiar la gestión de las administraciones locales (47 prefecturas y 1.800 municipios). Por debajo de la Constitución, el sistema fiscal japonés se basa en determinadas normas legales. En particular, puede hacerse referencia a lo siguiente: Ley del Impuesto de Sucesiones n.º 73/1950; Ley General Tributaria n.º 66/1962; Ley del Impuesto sobre la Renta n.º 33/1965; Ley del Impuesto de Sociedades n.º 34/1965; Ley del Impuesto sobre el Consumo n.º 108/1988. Desde 2011, se han introducido una serie de cambios significativos en el sistema fiscal como resultado de un proceso de reforma.

Fiscalidad de las personas físicas

El sistema fiscal japonés distingue entre las siguientes categorías de contribuyentes:

contribuyentes residentes, que tributan por las rentas dondequiera que se produzcan según el principio mundial;
los contribuyentes residentes no permanentes, tributan por las rentas obtenidas en Japón y por las rentas que se pagan en el territorio del Estado japonés, aunque no se produzcan en él;
contribuyentes no residentes, que tributan exclusivamente por los ingresos obtenidos en Japón.

El impuesto adeudado se calcula multiplicando la base imponible por el tipo impositivo correspondiente (del 5 al 45%), añadiendo al resultado obtenido la cantidad fija relacionada con el tramo impositivo.

Además, a partir del 1 de enero de 2013 se introdujo un recargo determinado por la aplicación del tipo del 2,1% al impuesto sobre la renta.

Las personas físicas residentes también están sujetas a un impuesto provincial y municipal (Individual Resident’s Tax, en japonés «kojin-juminzei», «impuesto individual del habitante») con un tipo general del 10% sobre los ingresos producidos durante el periodo impositivo (4% recaudado por la provincia + 6% por el municipio), con algunas posibles variaciones en el tipo dependiendo de las políticas del gobierno local.

Los contribuyentes no residentes que perciben ingresos por trabajo en Japón están sujetos al Impuesto sobre la Renta a un tipo del 20,42% aplicado a los ingresos brutos.

Los rendimientos procedentes de dividendos, intereses, plusvalías y ganancias patrimoniales por venta de valores están sujetos a una retención a cuenta del 20,315% (15,315% como impuesto nacional y 5% como impuesto local) para los residentes y los cánones no están sujetos a retención alguna, mientras que los no residentes están sujetos a la aplicación del tipo más favorable previsto en el tratado internacional específico.

Fiscalidad de las personas jurídicas

Sólo las empresas constituidas conforme a la legislación japonesa se consideran personas jurídicas residentes a efectos fiscales y tributan según el principio mundial. Las personas jurídicas no residentes sólo tributan por los ingresos generados en el territorio del Estado, a los mismos tipos que las empresas residentes. En otras palabras, las empresas locales tributan por los ingresos de cualquier procedencia, mientras que las empresas extranjeras con sucursales en suelo japonés sólo tributan si realizan actividades empresariales en Japón.

Se considera actividad empresarial la celebración de contratos de compraventa, la presencia de un representante permanente o la prestación de servicios y productos. En consecuencia, las actividades administrativas o de enlace realizadas en Japón no darán lugar a la tributación de la sociedad extranjera administrada, siempre que la sede principal de la sociedad administrada no esté situada en Japón. Según la legislación japonesa vigente, las oficinas japonesas utilizadas únicamente para publicidad, promoción, información, estudios de mercado y otras funciones similares no se consideran unidades locales de la empresa extranjera a la que representan en Japón y, por tanto, no están sujetas a impuestos. Una exención similar se aplica también a la oficina utilizada exclusivamente para la compra de bienes. La oficina tributará por los ingresos que obtenga de los servicios prestados (entre el 5% y el 10% de los gastos).

El impuesto de sociedades se determina multiplicando la base imponible por el tipo correspondiente. El sistema distingue según el capital social y los ingresos anuales:

Capital superior a 100.000.000 yenes: tipo impositivo del 23,2%;
capital inferior a 100.000.000 yenes: tipo del 15% para los primeros 8.000.000 de yenes de ingresos y del 23,2% por encima de 8.000.000 de yenes de ingresos.

Además de este impuesto, hay que tener en cuenta el Impuesto de Sociedades local, que se determina aplicando un tipo del 10,3% al Impuesto de Sociedades.

Fiscalidad del capital y de los rendimientos financieros

En principio, las plusvalías contribuyen a la renta global del beneficiario. Los intereses percibidos están sujetos a una retención a cuenta del 20%. Los dividendos percibidos de una sociedad japonesa están excluidos de la determinación de la base imponible del Impuesto de Sociedades, si el perceptor posee al menos el 25% de las acciones de la sociedad que los distribuye. Si la participación es inferior al 25%, el 50% de los dividendos percibidos computan en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. La retención puede ser del 15% o del 20% en función de determinados criterios prescritos por la ley y se concederá el correspondiente crédito fiscal. De hecho, el sistema fiscal nacional prevé, si se cumplen determinadas condiciones, el reconocimiento de un crédito por impuestos pagados en el extranjero que puede utilizarse para compensar la cuota del Impuesto de Sociedades.

No se aplica ninguna retención sobre los cánones. Los intereses, cánones y dividendos percibidos por personas jurídicas no residentes están sujetos a retención a cuenta de conformidad con los acuerdos del convenio, pero, en ausencia de convenio, se aplicará una retención a cuenta del 20% o del 15%.

La Reforma Fiscal de 2013 preveía la aplicación de un recargo del 2,1% sobre los ingresos por intereses y dividendos. Este recargo permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2037.

Impuesto sobre el consumo

El mecanismo del Impuesto sobre el Consumo es similar al del Impuesto sobre el Valor Añadido y grava las importaciones y la mayoría de los suministros de bienes y servicios en Japón. El impuesto sobre el consumo a crédito puede compensarse con el impuesto sobre el consumo a débito. La base imponible se determina sobre el valor añadido del precio acordado en las distintas etapas económicas, neutralizando el impuesto en cada transferencia intermedia del bien o servicio y repercutiéndolo al consumidor final. El tipo es del 10%, pero existe una exención para determinadas categorías de bienes y servicios como, por ejemplo, las exportaciones, las transacciones de divisas, los intereses, los servicios médicos y los servicios específicos facturados a no residentes.

Acuerdos fiscales con España para evitar la doble imposición

Japón ha firmado varios acuerdos internacionales a lo largo de los años para evitar la doble imposición. Se trata de acuerdos de doble imposición destinados a evitar problemas fiscales a los ciudadanos de los Estados contratantes. Se trata de acuerdos bilaterales vinculantes con una fuente reguladora supranacional.

Japón firmó uno de estos acuerdos con España 13 de febrero de 1974. Los impuestos a los que se aplican en Japón son: